La adopción y puesta en marcha las políticas gubernamentales, no apuntan a resolver las disparidades y la brecha cada vez mayor entre los que lo tienen todo y a los que les falta todo, es decir los indicadores de las Necesidades Básicas Insatisfechas- NBI, sigue en un deterioro por cuenta de los incrementos de las zonas subnormales de las cabeceras municipales, donde el hacinamiento, la carencia de los mínimos servicios públicos, agua potable, servicios sanitarios y de alcantarillado, como la ausencia de los servicios médicos asistenciales, genera un panorama cada vez de mayor preocupación por estas familias que están abandonadas por el estado y la indolencia de una sociedad cada vez más preocupada de lo suyo y con poco interés de lo público.
Al respecto los análisis de los impactos de las políticas públicas, están mediadas a hechos de carácter populista y clientelista del presidente Álvaro Uribe Vélez, toda vez que con esto esconde las verdaderas dimensiones de la política de Seguridad Democrática de corte militarista y autoritaria en la que de manera permanente en los consabidos consejos comunitarios, reparte cheques y amplia la popularidad en la población más vulnerada por que lo ven con el “salvador” a todos sus problemas, al tiempo que profundiza las desigualdades y cada vez recorta los alcances del espíritu social de la constitución política de 1991.
En esta misma dirección, la ausencia de políticas públicas claras y que no respondan a los interese clientelistas de los amigos del presidente, es imposible darle cumplimiento a los propósitos de los “Objetivos de Desarrollo del Milenio” que Colombia se comprometió con la comunidad internacional en la erradicación de la pobreza y la desnutrición crónica entre otras, de miles de familias en situación de vulnerabilidad; Pues mas que atacar las causas de la exclusión y la pobreza, se diseñan estrategias para contener sus efectos, tales el caso del programa de familias en acción cuya cobertura cobija a mas de un millón de familias en todo el territorio nacional, caracterizándose como medidas asistencialistas que en nada contribuyen al acceso y disfrute de los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas.
Esta claro que el centro de la Política de Seguridad Democrática, constituye garantizar el desarrollo de los megaproyectos del gran capital trasnacional a costa de los intereses nacionales y regionales de la mayoría de la población. Para el presidente Uribe, es indispensable atacar todo lo que no este de acuerdo a sus intereses y pensamiento en la cual ha implementado una estrategia de atacar la política monetaria de control a la inflación que lleva la Junta Monetaria del Banco de la República, ataca la decisión de las alta cortes cuando los fallos no le son favorables, ataca a la oposición tildándola de ir en contra vía de los “intereses superiores a la patria” y de estar el servicio del terrorismo, en fin, para Uribe no hay conflicto, la economía esta muy bien, las inversiones están centradas en la privatizaciones de las empresas públicas, mientras la mayoría de la población esta en situación de extrema pobreza.
De otra parte, es una falacia, afirmar que el incremento de salud en el régimen contributivo, se deba a los indicadores de mayor empleo, pues los registros para Bucaramanga del año 2005 al 2007, muestran un incremento del 61,01% y de la misma manera se reflejan los datos para las demás ciudades del país. Esta situación se presenta por la obligatoriedad del gobierno central de no permitir, ningún contrato laboral sea cual sea la modalidad, de estar cubierto por los servicios de la seguridad social, cosa que puso en serios aprietos a personas y familias vinculadas con contratos a través de las cooperativas de trabajo asociado en pagar por su propia cuenta los servicios de la seguridad social para mantener el trabajo, es decir, hoy toda personas que aspiren a un puesto de trabajo, este debe mostrar que esta pagando la seguridad social incluida la pensión. Desde esta óptica, una familia que en promedio tenga cinco miembros y se gane un salario mínimo, tiene que destinar por lo menos una tercera parte de su salario para cubrir los costos de la seguridad para poder aspirar y/o mantenerse en ese puesto de trabajo, es decir, el ingreso real de mas cuatro millones de Colombinos y Colombinas, ha diminuido en un 33%, profundizando las inequidades y la injusticia social y económica de las familias menos favorecidas.
